El borrador de decreto presentado por el Gobierno, que prohíbe el alquiler vacacional en zonas turísticas salvo que cabildos y ayuntamientos acuerden otra cosa, «está viciado», como lo está el decreto vigente, ha manifestado en rueda de prensa Isidro Martín, secretario de la junta directiva de Fepeco y delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios.

Ni el consejero de Turismo ni el viceconsejero han intentado el consenso con los sectores afectados por este decreto, que no es solo el hotelero, sino también los constructores, promotores, comerciantes o transportistas, además de los propietarios de viviendas y la sociedad en general, que se ve privada de una modalidad alojativa en auge que genera economía a muchos niveles, ha indicado.

El decreto tiene que regular el alquiler vacacional, sacarlo de la ilegalidad, imponer estándares de calidad exigentes y buscar la excelencia, que sea una actividad que pague impuestos, porque «en cuanto se pueda legalizar, todo el mundo lo va a hacer», argumentó el representante de Fepeco.

Rubén Darío Rodríguez, presidente de la Asociación Inmobiliaria Tenerife Sur, ha asegurado que el borrador se ha aprobado sin escuchar a todas las partes y advirtió de que las restricciones van a perjudicar la actividad económica de restaurantes, supermercados, pequeños comercios, además de que va a dificultar las posibilidades de alojamiento de los trabajadores de las zonas turísticas, porque solo se permite el alquiler vacacional en las áreas residenciales.

Eso significa, en el caso del sur de Tenerife, que las únicas viviendas vacacionales legales serán las que se sitúen por encima de la autopista, que es donde viven los empleados de los alojamientos y negocios turísticos ubicados por debajo de la autopista.

Esos trabajadores verán cómo suben los precios de la vivienda y probablemente tendrán que buscar en lugares más alejados, ha agregado.

«El alquiler turístico debe estar regulado para todos, con altos estándares y con pago de impuestos aquí», algo que no se consigue si se pretende prohibir precisamente donde quieren alojarse los turistas, dijo el representante de los inmobiliarios.

Además, sería «un caos» que cada uno de los 88 ayuntamientos tuviera su regulación, que puede ir cambiando en función de quién ocupe la alcaldía. Para estos sectores, el Gobierno de Canarias ha traspasado el problema a los alcaldes, lo cual complica aún más la situación, en lugar de arreglarla.

Una de las propuestas del sector inmobiliario es que se cobre un impuesto anual por cada apartamento vacacional que contribuya a la financiación de la construcción de viviendas públicas.