Un modelo turístico diferenciado para El Hierro, La Palma y La Gomera

El Tribunal Constitucional (TC) ha ratificado la constitucionalidad de la conocida como Ley de Islas Verdes, en la que se permite desarrollar un modelo turístico diferenciado para las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera.

La ley fue recurrida por el grupo de Podemos en el Congreso, quienes rechazaban que «que vendan nuestra tierra». «No queremos más facilidades para más hoteles y campos de Golf, para más corrupción», afirmaban.

Este martes, el ejecutivo canario ha tenido conocimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, que avala su constitucionalidad con respecto a los siguientes puntos:

  • El Gobierno señala que el TC declara constitucional la nueva redacción al art. 6 de la Ley 6/2002 sobre admisión de casas rurales y hoteles rurales en cualquier categoría de suelo rústico.
  • También considera constitucional la Disposición Adicional Primera, que regula los Instrumentos de Planificación Singular Turística.

«El Tribunal entiende que la Ley no autoriza la urbanización en suelo rústico: simplemente, permite la implantación de actividades turísticas en el suelo rústico en consonancia con sus características y los valores a proteger», indica el Gobierno de Canarias en un comunicado.

Añade que el TC considera que la previsión de actuaciones singulares en suelo rústico ya se contemplaban en la redacción originaria de la Ley de 2002 para los planes insulares y que lo único que hace la modificación de 2016 es establecer otro instrumento alternativo para ello junto a los planes insulares.

En cualquier caso, el TC sí ha estimado parcialmente el recurso presentado por Podemos y ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional segunda de la Ley 2/2016, relativa a actuaciones que se declaran de interés insular a los efectos de la tramitación de instrumentos de planificación singular turística.

Asimismo, para las actuaciones contempladas en el Anexo 2, recuerda que se pueden desarrollar como instrumentos singulares, pero con declaración de interés público del cabildo.

El Tribunal Constitucional emite sentencia y desestima los recursos contra la Ley de Islas Verdes. @LadyBarrreto considera que es una gran noticia para La Palma, que permite un desarrollo turístico propio. @territoriocan . #creemosenlapalma #lapalmasemueve #ccsemueve. pic.twitter.com/0tNDETKer3

Por su parte, la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, señala que la sentencia da prevalencia a la regulación de la Ley frente a los instrumentos de planeamiento.

«Creo que es una gran noticia para La Palma, La Gomera y El Hierro y la defensa que estas tres islas han hecho de la posibilidad de tener un modelo turístico diferenciado al resto de Canarias», señala la consejera en el comunicado.

El Tribunal entiende que la Ley no autoriza la urbanización en suelo rústico: simplemente, permite la implantación de actividades turísticas en el suelo rústico 

Para Barreto, la sentencia ratifica la posición del Parlamento a favor de un modelo de desarrollo turístico diferenciado y da la máxima seguridad jurídica a los ciudadanos, a las administraciones y a quienes quieran invertir en infraestructuras turísticas.

La Ley fue impulsada por el Cabildo de La Palma, en noviembre de 2015, con una proposición asumida por las tres islas.

Oposición social por «vulnerar el principio de desarrollo sostenible»

Integrantes de la Plataforma por un Territorio Sostenible presentaron en la oficina del Gobierno comunitario en Madrid hasta 500 escritos de oposición hace más de un año. Con esta acción denunciaban ante las autoridades de la Unión Europea (UE) los “incumplimientos en obligaciones” relacionados con la protección del medio ambiente y de la tutela judicial.

A su juicio, esta iniciativa permite construcciones que afectarán a espacios naturales protegidos, además de rechazar que la misma no fue consensuada y podría acabar con la singularidad de estas islas y sus “espacios únicos”, a la vez que masificar esos entornos.

La Plataforma alertaba de sus efectos frente al turismo sostenible que se desarrolla actualmente en esas islas, las llamadas verdes, pues consideraban que la biodiversidad de Canarias podría encontrarse con ella “en serio peligro”, pues más del 50% del territorio y el mar de esas islas tiene alguna figura de protección ambiental.

Otros que se sumaron al rechazo fueron UGT y CCOO en Canarias pues criticaban que esta ley apostase, a su juicio, por un modelo de desarrollo económico similar al existente hasta ahora, «que ha llevado a los índices más altos de desempleo en Canarias».